MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA LOS VERDES – CONVOCATORIA POR ANDALUCÍA AL PLENO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE TORREMOLINOS EN CONTRA DE LA REFORMA LABORAL IMPUESTA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO
Nuestro país vive inmerso en una profunda crisis económica que tiene sus causas en la quiebra del sistema financiero. Una de las consecuencias más duras que tiene esta gravísima situación que atraviesa nuestra economía es la destrucción de empleo, que ya ha llegado a cotas históricas en España. Las políticas contra el déficit que se imponen desde la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, están afectando gravemente los elementos fundamentales de nuestro modelo de estado del bienestar. La aplicación de recortes presupuestarios a la educación ya la sanidad públicas, así como la reducción radical del gasto social que da cobertura, principalmente, a la población más humilde y a aquellos que han perdido su trabajo, está ampliando la brecha social , amenazando seriamente la cohesión social en nuestro país.
En el mes de febrero el paro dejó en Málaga 5001 personas más en el desempleo. Con esto las cifras totales ascienden en Málaga a 207.355.
En este contexto de elevadísima tasa de desempleo, recortes de servicios públicos y presión sobre las condiciones de trabajo en el seno de las empresas, el Gobierno central ha aprobado por decreto la reforma laboral más regresiva de la historia democrática en España. Una reforma que significa un enorme retroceso en materia de derechos y condiciones laborales en nuestro país.
Bajo la excusa de encontrar mecanismos para la reactivación de la contratación en nuestra economía, el Gobierno del Estado ha impuesto una reforma laboral que instaura de facto el despido libre y con 20 días de indemnización. Es una reforma que permite a las empresas impulsar expedientes de regulación de empleo sin la aprobación de la Administración pública, como era hasta ahora.
La reforma, bonifica a los empresarios para la contratación de trabajadores sin ningún tipo de seguridad en su continuidad en el puesto de trabajo con un 50% del su prestación de paro, con lo que los que hayan agotado la prestación serán difícilmente contratables.
Esta reforma impuesta también da un grave golpe a la negociación colectiva, colocando el convenio de empresa como principal referencia, por encima de los convenios sectoriales y territoriales, y dejando en situación de máxima debilidad los trabajadores y las trabajadoras de las empresas pequeñas y medias.
En un momento de inseguridad y falta de confianza en el futuro, las medidas que se han tomado introducen aún más incertidumbre en la economía precarizando al límite las relaciones laborales. De nada ha servido el fracaso absoluto de la reforma laboral de 2010, que hasta el momento ha generado más de un millón de parados nuevos, ni tampoco la constatación de que en tiempos de recesión económica hay que estimular la demanda interna y que esto no se hace precarizando las condiciones del trabajo, sino garantizando la calidad en la contratación, manteniendo el poder adquisitivo de los trabajadores y asegurando el acceso al crédito de las empresas y las familias.
Estamos en un escenario en el en más de un millón de hogares no reciben ningún tipo de ingreso y por ello se hace más necesaria que nunca la protección de las Instituciones Públicas para frenar y paliar los efectos devastadores de la crisis en los hogares.
El papel de las Administraciones Públicas es primordial para garantizar los Servicios Públicos y las políticas sociales, para hacer efectiva la importancia del papel del Estado como regulador, supervisor, agente económico y proveedor de servicios sociales y de protección social. La Administración Local es la más cercana y el primer recurso con el que cuentan los ciudadanos y ciudadanas.
En esta realidad la Reforma Laboral aprobada por el gobierno del partido Popular plantea el empleo público con las reglas de la economía de empresa y del mercado y por ello rechazamos la aplicación de esta reforma en las Administraciones Públicas.
Los ayuntamientos se convierten en censores privilegiados de las necesidades y las angustias de nuestros ciudadanos y ciudadanas; referencia principal en materia de cobertura social de aquellas personas que más sufren la crisis económica y sus consecuencias y altavoces de las aspiraciones fundamentales de nuestras ciudades y villas.
Por todo ello. el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Torremolinos adopta los siguientes acuerdos:
PRIMERO. – Mostrar el rechazo al Real decreto 3/2012 aprobado el pasado 12 de febrero de 2012 para que el Gobierno interprete el rechazo social generalizado.
SEGUNDO. – Exigir al Gobierno a que convoque la mesa del diálogo social para abrir un proceso de negociación con los agentes sociales y económicos para reorientar la reforma laboral, para que impulse la contratación verdaderamente estable y de calidad; para asegurar la incorporación al mercado laboral de trabajadores en paro y dar pasos en la dirección de transformar nuestro modelo competitivo.
TERCERO. – Mostrar y defender la necesidad de fortalecer los servicios públicos como garantes de derechos y cohesión social en unos momentos en que casi el 30% de la población parada ya no recibe ningún tipo de prestación ni subsidio por desempleo.
CUARTO. - Que de una vez se cumplan los compromisos adquiridos entre el Gobierno de la Nación y los gobiernos de las comunidades Autónomas en materia de financiación, y que permitiría evitar el ahogamiento de la capacidad económica de las Administraciones Locales.
QUINTO.- Defender una suficiente financiación de las Administraciones Públicas, una Carta de Servicios que ordene los servicios públicos y conlleve una planificación presupuestaria real que defienda, con austeridad y solvencia, la consecución y defensa del Estado del Bienestar.
SEXTO.- Hacer llegar al Gobierno de la Nación la necesidad de que la salida de la crisis pasa por un cambio en las políticas fiscales, solidaria, que mantenga las políticas sociales, sustentada en unos sistemas fiscales progresivos y suficientes y en el reforzamiento de la democracia a través de la concertación y la participación social.
SÉPTIMO.- Trasladar el acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Torremolinos al Gobierno del Estado.
OCTAVO.- Publicar dicho acuerdo en los medios de comunicación local, provincial y nacional.
Torremolinos, 20 de marzo de 2012
Fdo.: Begoña Romero Monente
Concejal G. Munpal. IULV-CA
Nuestro país vive inmerso en una profunda crisis económica que tiene sus causas en la quiebra del sistema financiero. Una de las consecuencias más duras que tiene esta gravísima situación que atraviesa nuestra economía es la destrucción de empleo, que ya ha llegado a cotas históricas en España. Las políticas contra el déficit que se imponen desde la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, están afectando gravemente los elementos fundamentales de nuestro modelo de estado del bienestar. La aplicación de recortes presupuestarios a la educación ya la sanidad públicas, así como la reducción radical del gasto social que da cobertura, principalmente, a la población más humilde y a aquellos que han perdido su trabajo, está ampliando la brecha social , amenazando seriamente la cohesión social en nuestro país.
En el mes de febrero el paro dejó en Málaga 5001 personas más en el desempleo. Con esto las cifras totales ascienden en Málaga a 207.355.
En este contexto de elevadísima tasa de desempleo, recortes de servicios públicos y presión sobre las condiciones de trabajo en el seno de las empresas, el Gobierno central ha aprobado por decreto la reforma laboral más regresiva de la historia democrática en España. Una reforma que significa un enorme retroceso en materia de derechos y condiciones laborales en nuestro país.
Bajo la excusa de encontrar mecanismos para la reactivación de la contratación en nuestra economía, el Gobierno del Estado ha impuesto una reforma laboral que instaura de facto el despido libre y con 20 días de indemnización. Es una reforma que permite a las empresas impulsar expedientes de regulación de empleo sin la aprobación de la Administración pública, como era hasta ahora.
La reforma, bonifica a los empresarios para la contratación de trabajadores sin ningún tipo de seguridad en su continuidad en el puesto de trabajo con un 50% del su prestación de paro, con lo que los que hayan agotado la prestación serán difícilmente contratables.
Esta reforma impuesta también da un grave golpe a la negociación colectiva, colocando el convenio de empresa como principal referencia, por encima de los convenios sectoriales y territoriales, y dejando en situación de máxima debilidad los trabajadores y las trabajadoras de las empresas pequeñas y medias.
En un momento de inseguridad y falta de confianza en el futuro, las medidas que se han tomado introducen aún más incertidumbre en la economía precarizando al límite las relaciones laborales. De nada ha servido el fracaso absoluto de la reforma laboral de 2010, que hasta el momento ha generado más de un millón de parados nuevos, ni tampoco la constatación de que en tiempos de recesión económica hay que estimular la demanda interna y que esto no se hace precarizando las condiciones del trabajo, sino garantizando la calidad en la contratación, manteniendo el poder adquisitivo de los trabajadores y asegurando el acceso al crédito de las empresas y las familias.
Estamos en un escenario en el en más de un millón de hogares no reciben ningún tipo de ingreso y por ello se hace más necesaria que nunca la protección de las Instituciones Públicas para frenar y paliar los efectos devastadores de la crisis en los hogares.
El papel de las Administraciones Públicas es primordial para garantizar los Servicios Públicos y las políticas sociales, para hacer efectiva la importancia del papel del Estado como regulador, supervisor, agente económico y proveedor de servicios sociales y de protección social. La Administración Local es la más cercana y el primer recurso con el que cuentan los ciudadanos y ciudadanas.
En esta realidad la Reforma Laboral aprobada por el gobierno del partido Popular plantea el empleo público con las reglas de la economía de empresa y del mercado y por ello rechazamos la aplicación de esta reforma en las Administraciones Públicas.
Los ayuntamientos se convierten en censores privilegiados de las necesidades y las angustias de nuestros ciudadanos y ciudadanas; referencia principal en materia de cobertura social de aquellas personas que más sufren la crisis económica y sus consecuencias y altavoces de las aspiraciones fundamentales de nuestras ciudades y villas.
Por todo ello. el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Torremolinos adopta los siguientes acuerdos:
PRIMERO. – Mostrar el rechazo al Real decreto 3/2012 aprobado el pasado 12 de febrero de 2012 para que el Gobierno interprete el rechazo social generalizado.
SEGUNDO. – Exigir al Gobierno a que convoque la mesa del diálogo social para abrir un proceso de negociación con los agentes sociales y económicos para reorientar la reforma laboral, para que impulse la contratación verdaderamente estable y de calidad; para asegurar la incorporación al mercado laboral de trabajadores en paro y dar pasos en la dirección de transformar nuestro modelo competitivo.
TERCERO. – Mostrar y defender la necesidad de fortalecer los servicios públicos como garantes de derechos y cohesión social en unos momentos en que casi el 30% de la población parada ya no recibe ningún tipo de prestación ni subsidio por desempleo.
CUARTO. - Que de una vez se cumplan los compromisos adquiridos entre el Gobierno de la Nación y los gobiernos de las comunidades Autónomas en materia de financiación, y que permitiría evitar el ahogamiento de la capacidad económica de las Administraciones Locales.
QUINTO.- Defender una suficiente financiación de las Administraciones Públicas, una Carta de Servicios que ordene los servicios públicos y conlleve una planificación presupuestaria real que defienda, con austeridad y solvencia, la consecución y defensa del Estado del Bienestar.
SEXTO.- Hacer llegar al Gobierno de la Nación la necesidad de que la salida de la crisis pasa por un cambio en las políticas fiscales, solidaria, que mantenga las políticas sociales, sustentada en unos sistemas fiscales progresivos y suficientes y en el reforzamiento de la democracia a través de la concertación y la participación social.
SÉPTIMO.- Trasladar el acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Torremolinos al Gobierno del Estado.
OCTAVO.- Publicar dicho acuerdo en los medios de comunicación local, provincial y nacional.
Torremolinos, 20 de marzo de 2012
Fdo.: Begoña Romero Monente
Concejal G. Munpal. IULV-CA
