MOCIÓN INSTANDO AL GOBIERNO DEL ESTADO A MODIFICAR LA LEY HIPOTECARIA CON EL FIN DE REGULAR LA DACIÓN EN PAGO Y ADOPTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA EVITAR LOS DESAHUCIOS POR MOTIVOS ECONÓMICOS
Con el estallido de la crisis y el aumento del paro, millones de familias han llegado a una situación límite que no les permite cubrir sus necesidades más básicas. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, sólo entre 2007 y 2010, en el Estado Español, se han producido en torno a 300.000 ejecuciones hipotecarias, existiendo previsiones que apuntan que hacia el final de 2012 podrían alcanzar las 500.000.
Cuando esto sucede, las familias no sólo se enfrentan a la pérdida de su vivienda, sino también a una condena financiera de por vida: la entidad bancaria interpone una demanda y se inicia el proceso de ejecución hipotecaria que finaliza con la subasta del inmueble. Si la subasta queda desierta (cosa que en el actual contexto de crisis sucede en más del 90% de los casos), con la ley vigente la entidad bancaria se adjudica la vivienda por el 50% del valor de tasación, y sigue reclamando el pago de la deuda restante, más los intereses y costas judiciales, a las personas en situación de insolvencia, mediante el embargo de nóminas, cuentas corrientes, etc, así como embargos a los avalistas. Es decir, además de perder la vivienda, miles de familias se enfrentan a un endeudamiento perpetuo que se traduce en la mayoría de los casos en una situación de exclusión social para los afectados.
El injusto e inmisericorde ordenamiento jurídico español vigente que permite que las entidades financieras se adjudiquen las viviendas por el 50% del valor de tasación, no sólo es anómalo y no tiene parangón en las legislaciones de otros países de nuestro entorno, sino que además era desconocido por las familias cuando firmaron los contratos hipotecarios. Hecho que se suma a la publicidad engañosa con la que se comercializaron la mayoría de esas hipotecas, a la sobrevaloración en las tasaciones y al lenguaje de difícil comprensión utilizado en los contratos que ahora se descubre que en muchos casos escondía todo tipo de condiciones abusivas, como es el caso de las cláusulas suelo.
Resulta inadmisible y totalmente injusto que en un Estado social y democrático de derecho, todas las consecuencias de la crisis recaigan sobre la parte más vulnerable del contrato hipotecario y en cambio las entidades financieras, en buena medida responsables de la actual crisis, reciban ayudas millonarias que salen de los impuestos, sin tener que asumir ninguna responsabilidad, al mismo tiempo que siguen generando miles de millones de beneficios anuales.
Todo lo anteriormente expuesto vulnera el actual marco constitucional, puesto que el derecho a la vivienda es un mandato en el artículo 47 de la Constitución de 1978 (“Todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho...”), así como en el artículo 33, que limita claramente el derecho a la propiedad privada al cumplimiento de su función social (y que a día de hoy se incumple sistemáticamente en los pisos vacíos acumulados por bancos y cajas), y en el artículo 24 que garantiza la tutela judicial (vulnerado en los procesos de ejecuciones hipotecarias donde se produce clara indefensión).
Por todo ello, el Grupo Municipal de IU LV-CA presenta a la consideración del Pleno de esta Corporación las siguientes
PROPUESTAS DE ACUERDO
1.-Instar al Gobierno del Estado a que, tal y como viene proponiendo la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y otras organizaciones sociales, apruebe una modificación de la regulación hipotecaria que incluya la figura de la dación en pago, de manera que, en los casos de residencia habitual, si el banco ejecuta la hipoteca y se queda con la vivienda, la totalidad de la deuda (principal, más intereses y costas judiciales) quede liquidada, tal y como sucede en otros países de la UE o en EEUU.
2.- Instar al Gobierno del Estado a aprobar una moratoria y desarrollar las medidas necesarias para paralizar los desahucios de las familias en situación de insolvencia sobrevenida e involuntaria; así como a que para los miles de desahucios ya producidos, se aprueben con carácter de urgencia medidas destinadas a que los cientos de miles de pisos vacíos que están acumulando las entidades financieras como consecuencia de esos embargos sean puestos inmediatamente a disposición de las familias desahuciadas y sin recursos en régimen de alquiler social, no superando nunca el 30% de la renta familiar disponible.
3.-Adoptar las medidas necesarias en el ámbito de nuestras competencias para paralizar los desahucios, creando una comisión especial mixta en la que participen representantes del pleno municipal y de las asociaciones de afectados, vecinales y otras organizaciones sociales conocedoras de la problemática. El objetivo principal de dicha comisión será buscar alternativas que eviten los desahucios por motivos económicos. En los casos que no sea posible, garantizar el realojo digno de las familias afectadas.
4.-Dar traslado de estos acuerdos al Consejo de Ministros, y en especial al Ministerio de Economía y al Ministerio de Justicia, así como a los grupos parlamentarios del Congreso y el Senado, a los miembros de los respectivos grupos del Parlamento de Andalucía, a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y a las asociaciones vecinales del municipio.
Torremolinos, 16 de marzo de 2012
Con el estallido de la crisis y el aumento del paro, millones de familias han llegado a una situación límite que no les permite cubrir sus necesidades más básicas. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, sólo entre 2007 y 2010, en el Estado Español, se han producido en torno a 300.000 ejecuciones hipotecarias, existiendo previsiones que apuntan que hacia el final de 2012 podrían alcanzar las 500.000.
Cuando esto sucede, las familias no sólo se enfrentan a la pérdida de su vivienda, sino también a una condena financiera de por vida: la entidad bancaria interpone una demanda y se inicia el proceso de ejecución hipotecaria que finaliza con la subasta del inmueble. Si la subasta queda desierta (cosa que en el actual contexto de crisis sucede en más del 90% de los casos), con la ley vigente la entidad bancaria se adjudica la vivienda por el 50% del valor de tasación, y sigue reclamando el pago de la deuda restante, más los intereses y costas judiciales, a las personas en situación de insolvencia, mediante el embargo de nóminas, cuentas corrientes, etc, así como embargos a los avalistas. Es decir, además de perder la vivienda, miles de familias se enfrentan a un endeudamiento perpetuo que se traduce en la mayoría de los casos en una situación de exclusión social para los afectados.
El injusto e inmisericorde ordenamiento jurídico español vigente que permite que las entidades financieras se adjudiquen las viviendas por el 50% del valor de tasación, no sólo es anómalo y no tiene parangón en las legislaciones de otros países de nuestro entorno, sino que además era desconocido por las familias cuando firmaron los contratos hipotecarios. Hecho que se suma a la publicidad engañosa con la que se comercializaron la mayoría de esas hipotecas, a la sobrevaloración en las tasaciones y al lenguaje de difícil comprensión utilizado en los contratos que ahora se descubre que en muchos casos escondía todo tipo de condiciones abusivas, como es el caso de las cláusulas suelo.
Resulta inadmisible y totalmente injusto que en un Estado social y democrático de derecho, todas las consecuencias de la crisis recaigan sobre la parte más vulnerable del contrato hipotecario y en cambio las entidades financieras, en buena medida responsables de la actual crisis, reciban ayudas millonarias que salen de los impuestos, sin tener que asumir ninguna responsabilidad, al mismo tiempo que siguen generando miles de millones de beneficios anuales.
Todo lo anteriormente expuesto vulnera el actual marco constitucional, puesto que el derecho a la vivienda es un mandato en el artículo 47 de la Constitución de 1978 (“Todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho...”), así como en el artículo 33, que limita claramente el derecho a la propiedad privada al cumplimiento de su función social (y que a día de hoy se incumple sistemáticamente en los pisos vacíos acumulados por bancos y cajas), y en el artículo 24 que garantiza la tutela judicial (vulnerado en los procesos de ejecuciones hipotecarias donde se produce clara indefensión).
Por todo ello, el Grupo Municipal de IU LV-CA presenta a la consideración del Pleno de esta Corporación las siguientes
PROPUESTAS DE ACUERDO
1.-Instar al Gobierno del Estado a que, tal y como viene proponiendo la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y otras organizaciones sociales, apruebe una modificación de la regulación hipotecaria que incluya la figura de la dación en pago, de manera que, en los casos de residencia habitual, si el banco ejecuta la hipoteca y se queda con la vivienda, la totalidad de la deuda (principal, más intereses y costas judiciales) quede liquidada, tal y como sucede en otros países de la UE o en EEUU.
2.- Instar al Gobierno del Estado a aprobar una moratoria y desarrollar las medidas necesarias para paralizar los desahucios de las familias en situación de insolvencia sobrevenida e involuntaria; así como a que para los miles de desahucios ya producidos, se aprueben con carácter de urgencia medidas destinadas a que los cientos de miles de pisos vacíos que están acumulando las entidades financieras como consecuencia de esos embargos sean puestos inmediatamente a disposición de las familias desahuciadas y sin recursos en régimen de alquiler social, no superando nunca el 30% de la renta familiar disponible.
3.-Adoptar las medidas necesarias en el ámbito de nuestras competencias para paralizar los desahucios, creando una comisión especial mixta en la que participen representantes del pleno municipal y de las asociaciones de afectados, vecinales y otras organizaciones sociales conocedoras de la problemática. El objetivo principal de dicha comisión será buscar alternativas que eviten los desahucios por motivos económicos. En los casos que no sea posible, garantizar el realojo digno de las familias afectadas.
4.-Dar traslado de estos acuerdos al Consejo de Ministros, y en especial al Ministerio de Economía y al Ministerio de Justicia, así como a los grupos parlamentarios del Congreso y el Senado, a los miembros de los respectivos grupos del Parlamento de Andalucía, a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y a las asociaciones vecinales del municipio.
Torremolinos, 16 de marzo de 2012
